Una ILP para Todos
Motivos
España enfrenta desafíos persistentes en materia de corrupción y falta de transparencia, tanto en la gestión pública como en la relación con el sector privado. Las normas actuales, dispersas y parcialmente aplicables, no garantizan:
La protección efectiva de denunciantes de irregularidades.
La supervisión financiera y prevención integral del blanqueo de capitales y fraude.
La transparencia total y control de integridad en la contratación pública.
La ética y conducta responsable de los funcionarios públicos, incluyendo mecanismos de supervisión y sanción claros.
La experiencia internacional, y particularmente la legislación holandesa, ha demostrado que un enfoque integral y coordinado produce resultados tangibles en la reducción de la corrupción y la promoción de la integridad institucional.
Objetivos
Establecer un marco legal unificado que:
Proteja a los denunciantes de irregularidades, garantizando confidencialidad y defensa frente a represalias.
Refuerce la supervisión financiera y la responsabilidad de directivos y entidades frente a blanqueo de capitales y fraude.
Garantice transparencia, competencia leal y auditorías en todos los procesos de contratación pública.
Fortalezca la ética, integridad y formación de los funcionarios públicos, con mecanismos de control y sanción efectivos.
Justificación y Razón de ser
Integra los mejores elementos de la legislación holandesa: Wet Huis voor Klokkenluiders, Wet op het financieel toezicht, Aanbestedingswet 2012 y Ambtenarenwet 2017.
Cierra vacíos existentes en la legislación española, especialmente en protección de denunciantes, auditorías post-adjudicación, códigos éticos obligatorios y coordinación de supervisión financiera.
Busca generar confianza ciudadana en las instituciones públicas y privadas mediante mecanismos claros, ejecutables y sancionadores.
Alcance
La ILP será de aplicación a:
Funcionarios públicos de todos los niveles.
Empresas y personas que mantengan relaciones contractuales con la administración pública.
Cualquier ciudadano que reporte irregularidades relacionadas con corrupción, fraude o mala gestión administrativa.


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Transparencia y participación ciudadana activa
Legal
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